El ambientalista, Número 18
Recortar la investigación de la EPA sobre la contaminación del aire interior costará dinero y vidas.
Por Brent Stephens y Richard Corsi, colaboradores de opinión
Los colaboradores expresan su propia opinión y no necesariamente la opinión de The Hill
20 de febrero
Brent Stephens, Ph.D., es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectónica y Ambiental del Instituto Illinois de Tecnología, de Chicago.
Richard Corsi, Ph.D., es profesor y Director Joe J. King de Ingeniería #2 del Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectónica y Ambiental de la Universidad de Texas en Austin.
La investigación de los autores ha sido posible gracias a los fondos provistos por dependencias federales entre las cuales se encuentran la Fundación Nacional para la Ciencia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Agencia de Protección Ambiental.
Entre los muchos titulares que siguieron la publicación de la propuesta de Trump para el presupuesto de 2019 esta semana, apareció la reducción del 23% de los fondos destinados a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés). Se perdió en el ruido el plan de eviscerar aun más profundamente varios programas de investigación y gestión individuales de la EPA que, de llevarse a cabo, tendrá graves impactos negativos sobre la salud humana y la productividad.
En relación al presupuesto de resolución de continuidad del año fiscal 2018, los recortes presupuestarios incluyen reducciones del 33 por ciento en la investigación sobre seguridad química y sustentabilidad, del 61 por ciento en la investigación sobre comunidades sustentables y del 66 por ciento en investigación sobre aire y energía. Asimismo, se elimina por completo el programa de investigación Ciencia para Lograr Resultados (Science to Achieve Results o STAR, según su sigla en inglés) así como los programas de gestión del radón y del aire de espacios interiores.
En su conjunto, estos programas representan menos del 5 por ciento del presupuesto anual total de la EPA. Decimar los fondos que los sustentan costará dinero y vidas al empeorar la calidad de los espacios interiores donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo.
Cuando la mayoría de gente piensa en la contaminación atmosférica, está pensando en chimeneas industriales y vehículos que emiten contaminantes a la atmósfera. La contaminación del aire libre está vinculada con una variedad de efectos sanitarios adversos, como derrames cerebrales, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias crónicas y agudas. Sin embargo, pasamos la mayor parte de nuestra vida, 70 del promedio de 79 años de esperanza de vida, en espacios interiores, donde estamos expuestos a una abrumadora variedad de contaminantes ambientales provenientes tanto del exterior como el interior de esos espacios.
Los estudios calculan que la exposición a contaminantes del aire de interior en los hogares representa aproximadamente el 10 por ciento de la carga anual de enfermedades no psiquiátricas ni transmisibles en los Estados Unidos y que los ahorros y aumentos de productividad que podrían lograrse al proporcionar mejores ambientes interiores en el país llegan a los US$ 200.000 millones de dólares por año.
Cabe destacar que gran parte de lo que hemos aprendido en este país sobre la manera en que los espacios de interior afectan la salud humana y la productividad ha sido gracias a la investigación realizada con fondos del gobierno federal. La investigación y los programas de gestión del medio ambiente de espacios de interior que la presidencia de Trump propone recortar en la EPA han sido fundamentales para sustentar esta labor a pesar del impacto trágicamente insignificante que han tenido sobre el presupuesto anual.
Aunque la mayoría de los ambientes de interior no entran dentro de la jurisdicción regulatoria de dependencias federales y estatales en las que están enmarcados los ambientes al aire libre, la investigación sobre ambientes de interior y salud humana sigue educando a los consumidores, los fabricantes y los responsables de políticas de maneras que tienen efectos tangibles y positivos para la vida de las personas.
Por ejemplo, la investigación sobre los efectos fisiológicos y cognitivos de la exposición al plomo llevó a que se elaboraran reglamentaciones para eliminar gradualmente la pintura con plomo y para exigir que se divulgue su presencia en propiedades a posibles inquilinos y compradores.
La investigación sobre el humo de tabaco presente en el medio ambiente llevó a su prohibición generalizada en edificios públicos.
La investigación sobre la toxicidad de los retardantes de fuego, como los bifenilos policlorados (PCB) y los éteres difenílicos polibrominados (PBDE), llevó a que se eliminaran progresivamente esos compuestos de los electrodomésticos y los productos de consumo.
La investigación sobre el radón y el cáncer de pulmón llevó a que se desarrollaran los Planes Federales de Acción contra el Radón, los Programas de Subvenciones Estatales contra el Radón en Interiores y decenas de medidas a nivel estatal para prevenir los casos de cáncer de pulmón por exposición al radón.
Y las investigaciones sobre la exposición a sustancias químicas presentes en productos de consumo (así como los efectos sobre la salud con ellos vinculados) dieron paso a la Proposición 65 de California, que exige que el Estado publique la lista de sustancias que se sepa causen cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos y que las empresas divulguen el uso de grandes cantidades de sustancias químicas en sus cadenas de suministro.
Cabe señalar que la EPA, a través de su muy pequeño programa de Calidad del Aire Interior (que representa sólo el 0,2 por ciento del presupuesto de la EPA para el año fiscal 2018), es una de las pocas organizaciones que ofrecen al público materiales informativos sobre contaminantes peligrosos y las estrategias para eliminarlos o reducirlos en hogares y escuelas.
Existe una tendencia muy clara y constante que señala que el apoyo de programas de investigación y gestión relativos a los vínculos entre la calidad ambiental de espacios de interior y la salud humana genera resultados que permiten a los consumidores tomar decisiones mejor informadas, incentiva a los fabricantes a crear productos más inocuos y, de ser necesario, asesora a los gobiernos a nivel federal, estatal y local para que establezcan políticas que protejan la salud pública mejorando el ambiente de los espacios interiores.
La investigación también ha demostrado una y otra vez que los beneficios económicos de las inversiones dirigidas a mejorar los ambientes de interior superan sobremanera los costos de esas inversiones. Asimismo, los investigadores siguen descubriendo nuevas maneras en las que nuestros ambientes de interior tienen un impacto sobre la salud y la productividad. Debemos actuar y oponernos a estos recortes antes de que se pierdan en el ruido.
Spanish translation by Julieta Pisani McCarthy, M.A.