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El ambientalista, Número 9

El vientre materno no es una barrera contra las sustancias tóxicas

Por Frederica Perera

1ro de junio de 2017, NY Times

 

Hasta hace algunas décadas, la creencia popular pero falsamente reconfortante era que los bebés, dentro del vientre materno, estaban perfectamente protegidos por la placenta y que los niños eran solo “adultos pequeños” que no requerían protecciones especiales ante las amenazas ambientales. Ahora sabemos que una amplia variedad de sustancias químicas, contaminantes y virus atraviesan con facilidad la placenta, pasan de la madre al feto y así pre contaminan o pre infectan al bebé antes de que nazca.

 

Las sustancias tóxicas como el plomo, ciertos contaminantes atmosféricos, plaguicidas, sustancias sintéticas y agentes infecciosos como el Zika pueden descarrilar los complejos procesos moleculares necesarios para el desarrollo cerebral saludable del bebé en gestación. El estrés físico y emocional que pueda sufrir la madre también puede causar ese efecto.

 

En un momento en que tendríamos que estar invirtiendo más en investigar y prevenir esas amenazas, el presidente Trump haría lo contrario. Él recortaría el presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental en un 31 por ciento y así reduciría el trabajo científico en temas de seguridad química. Él diezmaría los fondos destinados a la investigación biomédica y los programas de lucha contra los brotes de enfermedades infecciosas. Necesitamos más fondos en esas áreas, no menos. Necesitamos que se evalúen más, no menos, las sustancias químicas antes de ser comercializadas.

 

Las exposiciones a sustancias tóxicas son prevalentes a niveles alarmantes. El análisis de datos de biomonitoreo del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) detecta decenas de sustancias químicas, contaminantes y metales en las embarazadas, y muchas de esas sustancias también se encuentran presentes en la sangre de cordón umbilical de los recién nacidos. La lista de sustancias incluye plomo, mercurio, plastificantes, plaguicidas aplicados en edificios de zonas urbanas y en cultivos, retardantes de fuego presentes en muebles, y contaminantes atmosféricos provenientes de la combustión en vehículos y centrales eléctricas que generan energía a partir de combustibles fósiles. Se ha demostrado, en estudios epidemiológicos realizados en Estados Unidos así como en otros países, que todas las sustancias en cuestión afectan el desarrollo cerebral, especialmente cuando los bebés se ven expuestos a ellas en el útero o a temprana edad.

 

Es por ese motivo que resultó alarmante sobremanera que el nuevo administrador de la EPA, Scott Pruitt, rechazara recientemente la conclusión científica de los propios expertos de la Agencia, que habían recomendado prohibir uno de los plaguicidas de más amplio uso en el país, el clorpirifos. Los expertos basaron su opinión en las investigaciones, realizadas durante numerosos años, que vinculaban el clorpirifos con fuertes efectos perjudiciales para los niños, entre ellos la disminución de su capacidad cognitiva.

 

Las investigaciones también han demostrado de manera contundente que el cambio climático, causado en gran parte por el dióxido de carbono emitido durante la combustión de carbón y otros combustibles fósiles, está vinculado a un incremento de patologías relacionadas con el aumento de la temperatura, desnutrición, enfermedades infecciosas, traumatismos y problemas de salud mental a raíz de fenómenos naturales extremos como las inundaciones. Se trata de consecuencias que pueden directa o indirectamente afectar las primeras etapas del desarrollo cerebral, el funcionamiento cognitivo y de conducta de los niños, y su capacidad de aprendizaje.

 

Así y todo, el señor Trump consideraba el miércoles retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el Clima y también quiere abandonar el Plan de Energía Limpia de su predecesor dirigido a reducir las emisiones de carbono provenientes de plantas generadoras de energía.

 

Tan vulnerables son los niños que la Organización Mundial de la Salud calcula que los menores de 5 años de edad sobrellevan más del 40 por ciento de la carga sanitaria causada por factores de riesgo ambientales y el 88 por ciento de la carga sanitaria causada por el cambio climático. Se ha producido un aumento notable de problemas de desarrollo en los niños de todo el mundo paralelamente a la proliferación de sustancias sintéticas presentes en el aire, el agua, los alimentos y los productos de consumo así como a los cada vez más numerosos impactos del cambio climático. En los Estados Unidos, aproximadamente uno de cada seis niños se ve afectado por incapacidades del desarrollo. Se trata de trastornos complejos y de causas múltiples (genéticas, sociales y ambientales) que suelen interactuar y aumentar el nivel de riesgo.

 

Todos los niños del mundo están potencialmente expuestos y corren riesgo, algo que tiene un alto precio para la sociedad. El cálculo de los costos médicos y económicos debidos a la pérdida de coeficiente intelectual y los trastornos de conducta atribuibles a apenas unas pocas sustancias tóxicas ambientales señalan los enormes beneficios de la prevención: aproximadamente US$56 mil millones en el año 2008 por el envenenamiento con plomo y la exposición prenatal al mercurio en los Estados Unidos; 146 mil millones de euros (aproximadamente US$164 mil millones) por año debido a la exposición prenatal a plaguicidas organofosforados en la Unión Europea. El costo económico de los contaminantes atmosféricos tóxicos y el cambio climático a raíz de la combustión de carbón, petróleo y otros combustibles fósiles alcanza, en los Estados Unidos, los muchos miles de millones de dólares por año.

 

A nivel internacional, según la OMS, se producen aproximadamente tres millones de muertes por año relacionadas con la contaminación del aire ambiente. Para el año 2030, el costo para la salud mundial de solo algunas enfermedades relacionadas con el clima que afectan desproporcionadamente a los niños (diarrea, desnutrición, paludismo y estrés por exceso de calor) será de hasta US$4 mil millones por año.

 

Se trata de consecuencias trágicas y costosas que es posible prevenir. Los beneficios de las políticas que reducen la exposición a sustancias tóxicas han sido demostrados sin lugar a dudas. Los niveles de plomo en la sangre de los niños disminuyeron a fines de la década de 1970 después de que se aprobaron leyes dirigidas a reducir o eliminar el plomo en la gasolina y en la pintura de las viviendas. Las concentraciones de un plaguicida neurotóxico de uso residencial cayeron pronunciadamente en la sangre de cordón umbilical después de que la EPA prohibió su utilización en 2001. En California, los niveles de varios retardantes de fuego tóxicos en la sangre de las embarazadas y la leche materna disminuyó desde que entró en vigencia la prohibición de esas sustancias por parte del Estado en 2006. Asimismo, en la ciudad de Nueva York, a medida que se empezaron a llevar a la práctica las políticas de aire limpio hace dos décadas, observamos una disminución de contaminantes tóxicos medidos en las muestras de aire recolectadas con monitores personales que llevaban puestos las embarazadas.

 

No obstante, como vimos en el caso del trágico envenenamiento con plomo de los niños de Flint, Michigan, queda mucho más por hacer.

 

Se trata de un problema profundo y sistémico debido a que no existe una suficiente reglamentación gubernamental que exija que se evalúen las sustancias químicas antes de su comercialización así como de la falta de medidas oportunas una vez que se cuenta con pruebas científicas de los efectos tóxicos. La EPA debe poder actuar de inmediato a fin de eliminar sustancias que se sepa causen daño cerebral y asegurar que las nuevas sustancias químicas o los nuevos usos propuestos para distintas sustancias sean sometidos a una amplia evaluación antes de que se las comience a fabricar.

 

Con respecto al cambio climático, son esenciales las políticas y reglas federales que promueven la energía limpia, que restringen las emisiones provenientes de plantas generadoras de electricidad, vehículos y procesos industriales, y que apoyan el Acuerdo de París sobre el Clima. No se las debe debilitar.

 

De eso depende la salud y el futuro de nuestros niños.

 

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Frederica Perera es profesora de la Facultad Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia y directora del Centro de Columbia para la Salud Ambiental Infantil.

 

En la página A23 de la edición de Nueva York del 1ro de junio de 2017 aparece impresa una versión de este artículo de opinión bajo el título “Niños en peligro”.

 

Spanish translation by Julieta Pisani McCarthy, M.A.