El ambientalista, Número 10
La deshonesta ley HONESTa
Por David Michaels, Thomas Burke
Science, 9 de junio de 2017
Vol. 356, Issue 6342, pp. 989
DOI: 10.1126/science.aan5967
El gobierno de Trump apunta a eliminar muchas reglamentaciones existentes así como a dificultar la adopción de nuevas reglamentaciones. Más sutiles y peligrosos son los intentos dentro del Congreso de socavar las protecciones a la salud pública y el medio ambiente al limitar el uso de pruebas científicas con el pretexto engañoso de aumentar la transparencia. Este intento, que tal cual concebido por la administración de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) reduciría sobremanera la medida en que se utiliza la ciencia en la toma de decisiones, socava la credibilidad y la aplicación de las pruebas científicas, debilita la labor de la ciencia y pone en peligro la salud pública y ambiental.
“…la Ley es deshonesta y representa un intento político por atropellar el juicio científico…”
La Ley HONEST (sigla en inglés de Ley de nuevo tratamiento honesto y abierto de la ciencia por parte de la EPA), ahora en el Senado tras ser aprobada en la Cámara de Diputados en el mes de marzo, prohibiría que la EPA utilizara estudios científicos en sus procesos de toma de decisiones a menos que se le proporcionaran a la Agencia y se divulgaran públicamente en internet los datos primarios, los códigos de computación y prácticamente todo lo utilizado por los científicos para realizar los estudios. La transparencia y la reproductibilidad constituyen prioridades bien establecidas en la labor de la ciencia y son bien recibidos los intentos de buena fe de evaluar las pruebas científicas para su uso en la elaboración de políticas públicas. En este sentido, sin embargo, la Ley es deshonesta y representa un intento político por atropellar el juicio científico y dictar normas estrechas según las cuales se puedan aceptar las conclusiones científicas en la elaboración de políticas. La Ley impone cargas que interfieren con la capacidad de los científicos de investigar y hacer que su trabajo influya en la toma de decisiones, todo dirigido a paralizar el proceso, restarle importancia a la función que cumple la ciencia y limitar las reglamentaciones.
Las dependencias federales de por sí deben seguir normas estrictas de transparencia y calidad al considerar un amplio volumen de pruebas científicas y sus incertidumbres. Quienes contaminan y quienes fabrican productos peligrosos están utilizando una de las típicas estrategias de las empresas tabacaleras: exagerar las incertidumbres para prolongar la revisión de datos científicos, demorar el proceso regulatorio y evadir su responsabilidad civil. Al incorporar en la legislación normas más estrechas con respecto a la consideración de los datos, la Ley ofrece otra vía para disputar las reglamentaciones y las bases científicas que las respaldan.
La Ley no anularía las decisiones anteriores que la EPA haya tomado, pero en adelante se exigiría que las deliberaciones excluyeran estudios históricos y convalidados por pares para los que ya no se encuentre disponible esta documentación extensiva. A fin de permitir la utilización de estudios que incluyan información confidencial, como registros médicos, la Ley permite que se tachen esos datos. Sin embargo, en la práctica, los presupuestos destinados a la eliminación de datos confidenciales, potencialmente costosa, son limitados y hacen que sea incierta la función que puedan desempeñar esos estudios. En el caso de un proyecto de ley similar que no fue aprobado, la Ley de reforma de la ciencia secreta de 2015, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por su sigla en inglés) calculó que el costo anual de implementación hubiese sido de US$250 millones al año. Con el presidente Trump, el cálculo se redujo a US$1 millón porque, según la CBO, “Los funcionarios de la EPA han explicado… que la Agencia pondría en práctica [la Ley] con fondos mínimos…, [lo cual] reduciría significativamente el número de estudios de los que se vale la Agencia”. Los costos de recaudar, tachar y publicar datos erosionarían la efectividad de la EPA.
La comunidad científica sigue mejorando el acceso a los datos. ¿Se adaptaría la legislación a fin de permitirle a la EPA incorporar estudios que apliquen enfoques innovadores no previstos por la Ley? Las mejoras relativas a la transparencia y la reproductibilidad deberían, en definitiva, expandir las bases científicas que respalden la protección de la salud pública y el medio ambiente. Desafortunadamente, la Ley erosionará la base de pruebas científicas sobre la que se puedan tomar decisiones regulatorias y sobrecargará a los investigadores y las dependencias gubernamentales con amenazas de tener que indefinidamente repetir el análisis de datos y defender sus conclusiones ante disputas.
Si se aprueba, la Ley HONEST fomentará los intentos por manipular la labor científica y demorar las decisiones de otras dependencias federales, estaduales y locales. La comunidad debe dejar en claro que la Ley, una amenaza a la salud y el medio ambiente, constituye una intromisión innecesaria y costosa en la labor científica.
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Los autores agradecen a B.D. Goldstein y L.R. Goldman por su contribución a este artículo editorial.
Spanish translation by Julieta Pisani McCarthy, M.A.